El dilema del transporte público en Puebla: Modernización o retiro de unidades, ¿Qué pasará con los transportistas?

18 Febrero, 2025

En Puebla, el programa de modernización del transporte público lanzado por el gobierno estatal ha desatado una controversia entre los concesionarios y las autoridades. Mientras algunos celebran los apoyos económicos y la posibilidad de renovar sus unidades, otros rechazan las condiciones impuestas, argumentando que no fueron consultados adecuadamente para la creación del proyecto. En medio de este conflicto, la regularización de las unidades obsoletas parece ser un desafío mayor para quienes defienden la estabilidad económica del gremio.

Las divisiones entre transportistas

El reciente plan de renovación de unidades presentado por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla ha generado reacciones encontradas entre los concesionarios. Algunos transportistas lo ven como una oportunidad para renovar sus vehículos sin tener que asumir una deuda insostenible, mientras que otros lo perciben como una imposición que podría afectar gravemente sus ingresos. La clave del desacuerdo está en los detalles del plan y la falta de consulta previa.

Por un lado, concesionarios como Samuel Méndez Díaz, líder de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, argumentan que la falta de participación del gremio en la elaboración del proyecto es un obstáculo fundamental. Además, consideran que las medidas propuestas no son suficientes para garantizar la viabilidad económica de los concesionarios. Méndez Díaz condicionó la aceptación del programa a la inclusión de modificaciones a la Ley de Transporte, que amplíen la vida útil de los vehículos a 20 años y permitan un aumento anual en la tarifa del transporte público.

¿Modernización sin aumento de tarifas?

Uno de los puntos de fricción más importantes entre los transportistas y las autoridades es el tema de las tarifas. Mientras que el gobierno de Puebla ha afirmado que no se autorizarán aumentos al pasaje, algunos concesionarios insisten en que es necesario incrementar el costo del boleto para poder cubrir los gastos de renovación de las unidades, muchas de las cuales superan los 10 años de vida útil.

Este conflicto sobre las tarifas se ha intensificado a medida que los transportistas denuncian que los costos de los nuevos vehículos, en especial los eléctricos o híbridos, son extremadamente altos, y muchos consideran que no tienen los recursos suficientes para hacer frente a la inversión. La falta de infraestructura adecuada para vehículos eléctricos, como la ausencia de refacciones y las calles no adaptadas a estos modelos, agrava aún más la situación.

Los apoyos del gobierno: ¿una solución a medias?

El gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, ha propuesto una serie de créditos y apoyos para los transportistas interesados en renovar sus unidades. La Secretaría de Movilidad ha ofrecido financiamientos a través de Nacional Financiera (Nafin), con un 20% de apoyo a fondo perdido para el enganche de los nuevos vehículos, y una bolsa de 250 millones de pesos para respaldar la compra de unidades. También se ha negociado un acuerdo con la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) y el Banco Alemán KFW para ofrecer un apoyo adicional en vehículos eléctricos, cubriendo entre el 10% y el 16.7% del enganche.

Sin embargo, algunos concesionarios, como Israel Suárez, miembro de la agrupación de transportistas, consideran que el tiempo asignado para acceder a estos apoyos es insuficiente. “El plazo es muy corto para una inversión de este tipo. Además, las unidades híbridas o eléctricas son muy costosas y no hay suficientes refacciones ni mecánicos capacitados para su mantenimiento”, señaló Suárez, quien también criticó la disparidad entre el apoyo recibido por el sistema RUTA, que recibe mil millones de pesos anuales, y los apoyos limitados a los concesionarios privados.

El reemplacamiento: una medida polémica

Otra de las medidas incluidas en el programa es el reemplacamiento de las unidades del transporte público, el cual se realizará por primera vez en 12 años. Los concesionarios deberán abonar aproximadamente 600 pesos por las placas, lo que permitirá a la autoridad tener un mejor control sobre el número y el estado de las unidades. Sin embargo, esta medida ha sido vista por muchos como una carga adicional a las ya complicadas finanzas del gremio.

Un plan de reordenamiento necesario

Pese a la controversia, algunos transportistas consideran que este programa de modernización puede ser el primer paso hacia un sistema de transporte público más eficiente y sostenible. José Luis Barrientos, concesionario de la ruta JBS, manifestó que el reestructuramiento del transporte es urgente, sobre todo en las zonas más marginadas de Puebla, donde la cobertura es insuficiente. “El reordenamiento es necesario porque hay colonias que carecen de transporte público. Esto también beneficiará a los usuarios”, comentó Barrientos, quien también elogió los apoyos otorgados por el gobierno.

Un futuro incierto

El panorama para el transporte público en Puebla es, sin duda, complejo. Aunque las autoridades han tomado medidas para facilitar la renovación de unidades y mejorar la calidad del servicio, los concesionarios siguen enfrentando enormes dificultades económicas para modernizar sus flotas. Mientras algunos celebran los avances, otros perciben el plan como una imposición que no contempla las realidades del gremio.

La solución a este conflicto parece estar en un equilibrio entre la modernización del sistema y el apoyo real a los concesionarios para que puedan hacer frente a los cambios propuestos sin perder su fuente de ingresos. El gobierno de Puebla, por su parte, tendrá que escuchar y adaptar sus planes a las propuestas del gremio, garantizando que el transporte público de la región siga siendo una opción viable y accesible para todos los poblanos.

Con la convocatoria de una concentración en el zócalo de Puebla para este sábado, parece que el debate continuará en los próximos días, y solo el tiempo dirá cuál será el camino que tomará el transporte público en el estado.